¿Qué es la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798?
La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 es una ley federal que otorga al presidente de los Estados Unidos la autoridad para detener, reubicar o deportar a los no ciudadanos de una nación hostil durante tiempos de guerra declarada o invasión. Promulgada como parte de las Leyes de Extranjería y Sedición, fue diseñada para proteger la seguridad nacional al permitir al gobierno actuar contra los extranjeros que pudieran suponer una amenaza durante los conflictos.
“Whenever there shall be a declared war between the United States and any foreign nation or government, or any invasion or predatory incursion shall be perpetrated, attempted, or threatened against the territory of the United States, by any foreign nation or government, and the President of the United States shall make public proclamation of the event, all natives, citizens, denizens, or subjects of the hostile nation or government, being males of the age of fourteen years and upwards, who shall be within the United States, and not actually naturalized, shall be liable to be apprehended, restrained, secured and removed, as alien enemies.” — Alien Enemies Act of 1798, 50 U.S. Code § 21 (1798)
Usos anteriores
A lo largo de la historia de Estados Unidos, la Ley de Enemigos Extranjeros se ha invocado con moderación, siempre durante conflictos importantes:
Guerra de 1812: El Gobierno estadounidense utilizó la ley para detener y expulsar a ciudadanos británicos durante las hostilidades con Gran Bretaña.
Primera Guerra Mundial: Las autoridades se centraron en los inmigrantes alemanes, austrohúngaros, búlgaros y otomanos, lo que dio lugar a la vigilancia, la detención y la deportación basadas únicamente en su origen nacional.
Segunda Guerra Mundial: La ley fue invocada por el presidente Roosevelt tras los ataques a Pearl Harbor para facilitar el internamiento de inmigrantes alemanes e italianos. Cabe destacar que su aplicación sentó las bases legales para el internamiento de más de 100 000 japoneses-estadounidenses.
En todos los casos, la ley se empleó durante guerras formales declaradas por el Congreso.
Uso reciente por parte de la Administración Trump
El presidente Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros en marzo de 2025 para acelerar la deportación de ciudadanos venezolanos presuntamente miembros del Tren de Aragua, una banda carcelaria venezolana que se convirtió en una organización criminal multinacional y que la administración Trump designó como organización terrorista el mes anterior, afirmando que sus actividades constituían una «invasión o incursión depredadora». Esta interpretación tenía por objeto aprovechar las disposiciones de la ley para detener y deportar a personas sin el debido proceso habitual que garantiza la legislación estadounidense en materia de inmigración. Al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, la administración pretende detener y deportar a los ciudadanos venezolanos mayores de 14 años que no sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales y que se sospeche que son miembros del Tren de Aragua, eludiendo los procedimientos de deportación establecidos. Esta fue la primera vez que la ley se aplicó fuera de una guerra declarada por el Congreso.
El 15 de marzo, la ACLU y Democracy Forward presentaron demandas contra la administración Trump en nombre de cinco hombres venezolanos detenidos en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, en un intento de posponer su deportación. El presidente del Tribunal de Distrito de Columbia, James Boasburg, falló a favor de los demandados, dictando una orden judicial para detener la deportación de los cinco detenidos y ordenando que se suspendieran inmediatamente los vuelos de deportación que transportaban a migrantes venezolanos detenidos en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros. A pesar de la orden judicial, tres aviones con 137 venezolanos detenidos en virtud de la ley, junto con otros 101 venezolanos y 23 salvadoreños expulsados en virtud de los procedimientos ordinarios de inmigración, partieron ese mismo día de un centro de detención del ICE en Texas y volaron a El Salvador, donde los deportados fueron encarcelados en una prisión local de máxima seguridad.
Cuestiones legales y éticas
La aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros en este contexto ha suscitado importantes debates jurídicos y éticos.
Constitucionalidad
Los detractores sostienen que invocar la ley sin una declaración formal de guerra excede su propósito original y puede socavar las garantías constitucionales. Su constitucionalidad y ética han sido objeto de controversia desde su aprobación en 1798.
Debido proceso
La invocación de la ley permite la detención y deportación de personas basándose únicamente en su nacionalidad y su supuesta afiliación, sin el debido proceso legal. Esto suscita preocupación por la posibilidad de deportaciones injustas y la erosión de las libertades civiles. Muchos ciudadanos venezolanos detenidos en las recientes redadas llevadas a cabo en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros fueron identificados erróneamente como miembros del Tren de Aragua por agentes del ICE, que interpretaron equivocadamente que sus tatuajes representaban su pertenencia a una banda, y fueron rápidamente detenidos y deportados sin las audiencias habituales y con pocas oportunidades de presentar su defensa legal.
Derechos humanos internacionales
Los 238 venezolanos deportados en violación de la orden judicial están encarcelados indefinidamente en una prisión de El Salvador conocida por sus duras condiciones y los graves abusos contra los derechos humanos. Su situación jurídica en El Salvador sigue siendo incierta. El seguimiento de estos deportados por parte de las agencias de inmigración estadounidenses cesó después de que fueran transferidos a la custodia de El Salvador, lo que hace que su paradero sea desconocido y que el contacto con ellos sea cada vez más difícil.
Este uso sin precedentes plantea cuestiones fundamentales sobre el poder ejecutivo, el debido proceso y el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos individuales. No está claro cómo estos acontecimientos seguirán afectando a los venezolanos u otros extranjeros que viven en Estados Unidos. La aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros para detener y deportar rápidamente a personas no ciudadanas acusadas de delitos sin necesidad de pruebas supone sin duda una amenaza para la seguridad y las libertades civiles de los inmigrantes.