Poner fin de manera definitiva y para siempre a las entregas extraordinarias y restringir las deportaciones a terceros países.

La administración Trump ya ha entregado una vez a detenidos de ICE a una prisión extranjera en El Salvador; ha deportado a personas a terceros países inseguros u hostiles, y está buscando agresivamente más acuerdos de deportación a terceros países con otras naciones. En primer lugar, la entrega extrajudicial de deportados salvadoreños y venezolanos al CECOT, una prisión salvadoreña famosa por su terrible crueldad y sus flagrantes violaciones de los derechos humanos, en desafío a una orden judicial federal, es totalmente inaceptable y no se puede permitir, bajo ninguna circunstancia, que vuelva a ocurrir. El contrato de 4,76 millones de dólares entre Estados Unidos y El Salvador sigue vigente, y la administración Trump está sin duda ansiosa por aprovechar sus términos. Las deportaciones a terceros países como Ghana, Sudán del Sur y Esuatini ejecutadas el año pasado han dejado hasta ahora a más de una docena de deportados desaparecidos o actualmente encarcelados sin contacto. Teniendo en cuenta las desapariciones de detenidos del ICE, el número de ciudadanos estadounidenses arrestados por error por el ICE y el celo del presidente Trump por el enjuiciamiento y la violencia contra sus enemigos políticos, es fácil imaginar que esta administración está más que dispuesta y es funcionalmente capaz de hacer desaparecer a sus disidentes en prisiones extranjeras y terceros países peligrosos para que sean torturados y asesinados.